El CERMI denuncia que pese a la existencia de tratados internacionales ratificados por España, las mujeres con discapacidad no gozan de sus derechos políticos en igualdad de condiciones con las demás personas, ya que el derecho al voto está negado para muchas de ellas, a las que se incapacita judicialmente perdiendo por tanto su capacidad jurídica y su igualdad ante la Ley como medio para logar la práctica de la esterilización forzosa, acto este de violación extrema de sus derechos humanos.

 

Además, señala el CERMI, este colectivo no participa en la formulación de políticas públicas, ni tampoco en las que les afectan directamente, ni ostentan cargos ejecutivos en la esfera pública y apenas lo hacen en organizaciones no gubernamentales.

 

Como consecuencia de estas ausencias, afirma el CERMI, la situación de discriminación y exclusión de las mujeres y niñas con discapacidad sigue siendo un problema de primer orden “que exige la adopción de medidas específicas que incidan sobre las causas reales que le dan origen”. Así, ofrece como ejemplo el dato de que el 17,3 % de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema, tasa que triplica la de la población española (6,4 %).

 

En este sentido, el CERMI demanda el desarrollo con urgencia de una investigación centrada en la revisión de las incapacitaciones judiciales que afectan al derecho de sufragio de las mujeres con discapacidad, así como la consideración específica de las mujeres y niñas con discapacidad en todas las disposiciones legislativas, políticas e iniciativas en materia de discapacidad o de género, casi inexistentes hasta la fecha presente. 

 

Asimismo, reclama la inclusión de los asuntos específicos de las mujeres y las niñas con discapacidad en las políticas sociales desarrolladas por el tercer sector en general y por las organizaciones de la discapacidad en particular, especialmente en lo relativo a la violencia y el abuso, a la maternidad, a los derechos sexuales y reproductivos y al acceso a la justicia, formando para ello a sus profesionales y ofreciendo servicios de atención directa a las mujeres y niñas que lo soliciten.

 

Otra de las demandas que plantea el CERMI es la incorporación del principio de igualdad entre la mujer y el hombre en la cultura organizacional, los reglamentos, los estatutos y los programas de trabajo de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, así como asegurar la presencia de mujeres con discapacidad en las organizaciones de mujeres, las cuales deben garantizar su plena inclusión y participación, así como la consideración de sus demandas y necesidades, agravadas por los efectos de una discriminación estructural de años de exclusión.

 

 

Además, el CORMIN recuerda que el incumplimiento en Navarra de parte de las medidas del Plan Integral 2010-2013, en cuya elaboración ha participado activamente, “empeora la difícil situación, agravada también por la crisis, en la que viven las mujeres con discapacidad en la Comunidad foral”. 

 

El CORMIN es el agente social de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 11 asociaciones y 2 federaciones del sector. La base social representada en la entidad está compuesta por las 45.000 personas con discapacidad de Navarra y por sus familias.